Joaquim Coello inició su exposición diciendo que se presentó a las elecciones para presidir ANESCO “por un motivo muy claro: la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que creo que tiene importancia y que puede cambiar el sector”. Dado que fue el único candidato, Coello manifestó que “tengo la legitimidad del sector para representar a las empresas cosignatarias y estibadoras”.
Para el presidente de ANESCO, “existe una circunstancia fundamental en la situación de la estiba en España, y es que el Gobierno español ha sido condenado por el Tribunal de Luxemburgo, que es el tribunal superior de justicia de la Unión Europea, porque la legislación española en relación a la estiba contradice dos artículos del Tratado de la Unión”; y esta condena “es firme, aunque falta saber qué hará la Unión Europea una vez finalizados los 18 meses de cortesía que la UE da a los países miembros para que cumplan las sentencias”.

El paso siguiente, establecido por la normativa de la UE, es que “si España no modifica la legislación, será multada”, indicó Coello, y añadió que “hay dos multas: la primera es una cantidad que se paga de entrada y la segunda es una muta diaria que se devenga hasta que el Estados miembro no cumple la sentencia”.

Ante ello, el presidente de ANESCO se mostró muy firme al afirmar que “es el Gobierno quien tiene que resolver el problema porque es quien ha sido condenado y porque es quien tiene que cambiar la legislación”.

Las dos codenas del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en relación a la legislación de la estiba en España se refieren a que “no puede haber una obligación de las empresas estibadoras de formar parte de las SAGEP, por un lado, y, por otro, no puede haber una obligación a que todos los estibadores que las empresas contratan se haga a través de las SAGEP”.

En opinión de Coello “parece que la Unión Europea obligará a España a cumplir la sentencia”. Si ello es así, “creo que trabajadores y empresas tienen interés en pactar cómo se hará este cambio en la legislación. En cualquier caso, la responsabilidad es de la Administración pública porque estableció unas leyes que han sido denunciadas”.

Joaquim Coello quiso añadir que “yo no tengo opinión y no sé lo que hay que hacer; en ANESCO, quien tienen que determinar lo que hay que hacer son los asociados”, y son estos los que tienen que “organizarse, debatir, discutir, elaborar una posición que ANESCO pueda defender. Es el sector quien tiene que determinar como quiere que cambie la legislación; y aquí hay un reto”.

Y añadió que “entiendo que hay una cuestión fundamental para el sector que es el peligro y agravio que se genera con las huelgas, por tanto, es el sector quien tiene que mesurar cómo quiere hacer las cosas para evitar daños significativos, pero que permitan mejorar el sistema”. Y terminó sentenciando: “lo que ocurra dependerá fundamentalmente de las empresas del sector, y si de aquí a cinco años la estiba es algo que no les gusta, que no se quejen”.

Antes de terminar, Joaquim Coello puso de manifiesto que “en estos momentos, la obligación de cumplir con la sentencia de la Unión Europea da una pauta a trabajadores, sindicatos y empresarios para poder cambiar las cosas, pero ello depende de la voluntad de unos y otros. No es un problema sectorial, sino nacional”. Y reiteró que “el Tribunal de Luxemburgo ha condenado al Gobierno español, no a las empresas ni a los trabajadores. Por tanto, quien tiene que hacer algo es el Gobierno español y, de momento, ha hecho poco –y poco es un eufemismo”. También quiso dejar claro que “si el Gobierno, que es quien tiene que cambiar la legislación, nos consulta a ANESCO –en referencia a qué cambios en la ley de la estiba pretende presentar ante Europa– desde la Asociación le contestaremos; pero, de momento, este no es el caso”.

Finalmente, en el momento del debate posterior a su intervención, Joaquim Coello quiso dejar constancia que “España es el país de la Unión Europea que más fondos ha recibido; no hay en la historia de la humanidad un país que haya recibido fondos de ayuda para el desarrollo, para la cohesión social, para las infraestructuras como los ha recibido España”. Y añadió que “muchas de las cosas que hemos hecho en este país se han hecho con este dinero de la Unión Europea y no todo lo hemos gastado bien… Pero es verdad que la Unión Europea nos ha ayudado mucho. Si hemos recibido todo ese dinero y ahora la UE nos dice que para estar en el mercado común hay que cambiar cosas de nuestra legislación, creo que es de justicia hacerlo”.